El fiscal superior de Galicia pide la creación de las mesas de coordinación de violencia de género en los ayuntamientos

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Guardia Civil y Policía Nacional demandan una mayor colaboración entre las distintas administraciones. 


El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, reclamó hoy a los ayuntamientos gallegos la creación de las mesas de coordinación de violencia de género, constituidas en la actualidad sólo en 30 municipios. En una reunión con responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se demandó también una mayor coordinación entre las distintas administraciones.

Tras este encuentro, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Varela señaló que el objetivo de esta reunión fue detectar "los puntos débiles del sistema", aunque negó que los problemas de coordinación sean generalizados y apuntó que se producen en "aspectos puntuales".

No obstante, recordó que todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes "deberían estar constituyendo estas mesas de coordinación de violencia de género para que esta problemática pudiera tener el tratamiento adecuado", indicó.

Así, explicó que su constitución está prevista en la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y que el objetivo de estas mesas, en la que están representados los Servicios Sociales municipales, el Juzgado contra la Violencia a la Mujer del partido judicial, el Sergas y la Guardia Civil, es garantizar el desarrollo de los protocolos en esta materia.

Por otra parte, recordó que los Centros de Información a la Mujer "no están constituidos en todos los ayuntamientos ni tienen una estructura fija", una de las cuestiones que también se abordó en la reunión de hoy, en la que se analizó "la necesidad de establecer una buena coordinación con la Policía Local", apuntó Varela al admitir que "se echa en falta esa adecuada coordinación para ser más eficaces".

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

En cuanto a la Xunta, el informe policial analizado hoy considera también necesario reforzar, por parte de los Servicios Sociales autonómicos, el acogimiento de las mujeres víctimas de malos tratos, sobre todo en los casos en que hay menores a su cargo.

Al respecto, el fiscal superior de Galicia reclamó hoy una "atención más adecuada" para las mujeres que tienen que abandonar el domicilio familiar, "la mayoría de las veces acompañadas de hijos", subrayó, y, sobre todo, para aquellos casos con una "problemática específica", añadió.

A este respecto, Varela avanzó que tiene previsto reunirse en breve con responsables de la Secretaria Xeral de Igualdade para transmitir los problemas detectados en la aplicación de la Ley y acordar la realización de un estudio sobre el perfil psicológico de los agresores.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Sobre el cumplimiento de las medidas de protección, el fiscal superior de Galicia admitió la dificultad con la que se encuentran, en ocasiones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer si una medida cautelar, como la de alejamiento, está vigente.

Para ello, abogó por mejorar la "coordinación" entre los efectivos policiales y los órganos judiciales. Varela reconoció que, en ocasiones, es la propia víctima quien comunica a los agentes la existencia de una medida cautelar. Por ello, instó a los órganos judiciales a a ofrecer una "información actualizada" en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica.

En la reunión, se analizó también la necesidad de una "adecuada valoración del riesgo", indicó Varela, quien recordó que las unidades policiales deben hacer en el atestado una valoración del riesgo que presenta el agresor "en base a unos datos objetivos". Para ello, se consideró conveniente que los cuerpos de Seguridad puedan tener acceso a los nuevos datos sobre los maltratadores que se produzcan durante el procedimiento judicial.

DESCENSO DE ESTOS DELITOS.

Según datos de la Fiscalía Superior de Galicia, la Guardia Civil instruyó en Galicia 1.172 diligencias por malos tratos en 2009, de los que 414 correspondieron a la provincia de A Coruña; 173 a Lugo; 125 a Ourense y 460 a Pontevedra.

El número de detenidos e imputados fue de 1.015, de ellos 400 en la provincia de A Coruña; 170 en la de Lugo; 108 en la de Ourense y 337 en la de Pontevedra. Las órdenes de protección en vigor ascienden a 1.910 en toda Galicia, de ellas 610 en A Coruña; 457 en Lugo; 205 en Ourense y 531 en Pontevedra.

Según la Guardia Civil, en 2009 se constató en la comunidad autónoma gallega un "descenso" en este tipo de delitos. En el caso concreto de la Comandancia de A Coruña, asegura que este descenso fue de un 25 por ciento, mientras que, por el contrario, señala que en la de Ourense se registró un aumento del 19 por ciento. En cuanto a la Jefatura Superior de Policía de Galicia, el número de órdenes de alejamiento asignadas fue de 1.600. En ocho casos, se adoptaron medidas excepcionales de protección.

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