La Fiscalía carga contra el juez que usando el poder de su cargo promueve el SAP y hace carrera política a costa de las víctimas más graves

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Las declaraciones del juez Serrano sobre la Ley de Violencia de Género siguen levantando ampollas. Ayer la Fiscalía de Sevilla arremetió contra las argumentaciones del magistrado alabando la “eficacia” de dicha ley. Según sus datos de los 100 casos en los que se retiró la acusación, sólo 14 fueron por falta de pruebas.

Rocío Velis. 13/02/2009

Las declaraciones del juez Serrano sobre la Ley de Violencia de Género siguen levantando ampollas. Ayer la Fiscalía de Sevilla arremetió contra las argumentaciones del magistrado alabando la “eficacia” de dicha ley. Según sus datos de los 100 casos en los que se retiró la acusación, sólo 14 fueron por falta de pruebas.
Primero fue la secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE nacional, Soledad Cabezón, la que arremetió contra las declaraciones del juez de Familia Francisco Serrano. Ayer fue la propia fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quien, a través de un comunicado, criticó las declaraciones del magistrado, de quien recordó que su destino es un juzgado de Primera Instancia y “no de Violencia sobre la Mujer”.



Segarra, que ha decidido tomar cartas ante la repercusión de las palabras del juez, asegura que dicha ley “ni ha producido ni viene produciendo un efecto perverso al proteger situaciones de abusos”, como afirmó el juez en una entrevista, sino que “es un instrumento jurídico eficaz en la lucha y erradicación de este fenómeno complejo e incluso su prevención”.

La fiscal jefe de Sevilla, que también es la coordinadora de Violencia del Ministerio Público en Andalucía, entiende que el “posible incremento de las denuncias por malos tratos” no se debe a que la ley genere más violencia, sino que se debe a que “la sociedad está tomando conciencia de que debe condenarse a la violencia machista”, y de “la tolerancia cero” con el maltrato. De hecho, incluso llega a acusar al juez de “desconocer el ciclo de la violencia de género” al sostener una opinión contraria.

No obstante, Segarra admite que se debe “analizar la magnitud de este fenómeno” desde diferentes puntos de vistas que permitan evaluar las políticas de protección de las víctimas para adoptar y proponer nuevas medidas que permitan “corregir las disfunciones y los errores cometidos”.

Asimismo, aclara que el hecho de que una denuncia se archive “no presupone que estemos ante una denuncia falsa”, sino que “solo” se debe a que una mujer, “en ocasiones presionada por sus circunstancias”, prefiere que “continúe su estatus familiar, en detrimento de su propia seguridad, en la falsa creencia que así beneficia a sus hijos”.

En este punto, Segarra recuerda el caso de la última víctima, acuchillada en Los Pajaritos, “no ratificó su denuncia” y ante “la absoluta falta de pruebas” se archivó, invitando a la se medite “cuando interpretamos el número de casos archivados como denuncias falsas”.

Una idea que refuerza con los datos de los datos de 2008, en el que se han iniciado 9.000 procedimientos, de los cuales se han sentenciado unos 780.

Una cuarta parte de los casos acabaron con sentencia condenatoria y “solo una tercera parte” fueron absolutorias “porque la víctima se ha acogido a su derecho a no declarar”. De los 100 casos en los que se ha retirado la acusación, 86 fueron porque la víctima no declaró y “tan solo 14, por falta de pruebas”. Segarra también discrepa en que la ley estigmatice al hombre.

EL CORREO DE ANDALUCIA

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