Cuando la ablación acecha

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Un juez permite que una familia con antecedentes de mutilación se lleve a una menor a Gambia.
 
Otro magistrado impide que su hermana visite el país.

Teresa estudió hasta cuarto de primaria en un colegio de Olot (Girona). En verano, la niña, de 10 años, que en realidad no se llama Teresa, viajó a Gambia, el país de sus padres. Si vuelve, deberá someterse a una exploración médica por orden de un juez. Se teme que allí la sometan a una mutilación genital femenina o ablación. El juez retiró a los padres el pasaporte de la menor en diciembre de 2008 para evitarlo. Sin embargo, un mes después se lo devolvió. No existe un auto que motive esa decisión; sólo un escrito de una página que decreta el archivo de la causa. Al final, sucintamente, el juez escribe: "Entréguese el pasaporte a sus padres".

"Recuerdo un caso de una familia a cuyas dos niñas grandes se les había practicado la ablación. Pero el delito ya había prescrito. Las mutilaron de visita a Gambia. Se adoptó una protección de las dos hijas menores, pero luego vimos que el riesgo no era inminente y que los padres sabían que la ley en España considera la ablación como un delito grave de lesiones y que ellos serían los responsables y podrían incluso ir cárcel", relata por teléfono el juez Manuel Ibarz Casadevall. Él archivó el caso de Teresa. No está seguro de si esta familia que le viene a la cabeza es la misma. La historia es clavada. Ibarz defiende que si se devolvió el pasaporte "es porque se consideró que no había peligro". La fiscalía lamenta que no existiese un auto motivado. Aunque tampoco recurrió la decisión del juez.

En julio, Ibarz abandonó la plaza que cubría en Olot. El juez, ex diputado del PP en Cataluña entre 2003 y 2007, ejerce ahora en Figueres (Girona), resolviendo causas sobre violencia de género. Cuando llegó el nuevo titular, decidió proteger a la hermana de Teresa, Cristina. Considera que la niña de 11 años puede estar en peligro si viaja a Gambia. Los padres no pueden sacarla de España, y para asegurarse el juez les ha retirado el pasaporte.

Cristina camina detrás de su madre cubierta con un pañuelo. La madre también lleva la cabeza tapada y carga un bebé a la espalda. De la mano, lleva a un crío de unos cuatro años. "¡Son mis hijas! ¡Nadie debe decidir sobre ellas!", grita. Un poco más calmada, la mujer explica su enfado. Querían que Cristina visitase Gambia durante un mes en verano. Incluso tenían el billete comprado y lo tuvieron que tirar.

"¿Dónde está Teresa?", se le pregunta. "Está estudiando en Banjul, con mi hermano. Queremos que aprenda nuestra religión, nuestra lengua, nuestra cultura", dice. Pero a la madre le preocupa más Cristina. "¿Qué va a pasar en verano? Yo me voy a Gambia. Mi marido trabaja por las noches. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Quién la va a cuidar?".

El colegio prefiere no hablar sobre las niñas. En Servicios Sociales del Ayuntamiento, tampoco. "Es un caso muy complicado", sostienen. El padre tampoco quiso hablar con este periódico. Lo hizo el abogado que le asesoró porque en diciembre los Mossos d'Esquadra le detuvieron. Nadie les había comunicado que el requerimiento sobre Teresa no estaba en vigor. Cuando los agentes tuvieron constancia de que la niña había viajado a Gambia, detuvieron al hombre. Los Mossos insisten en que había una orden. El juez actual asegura que su predecesor dio carpetazo al caso.

"Está mal hecho. Debería existir un auto motivado de por qué se devolvió el pasaporte. Y tampoco se ha comunicado el archivo de la causa", explica la fiscalía. Fue el letrado del ministerio público quién inició los trámites para proteger a las menores. El Cuerpo Nacional de Policía les alertó de que había indicios de que la familia fuese de riesgo. Por eso pidieron una protección urgente e indefinida. ¿Por qué no recurrió el auto de archivo de la protección a Teresa? "Es un auto tipo, como otros muchos que se hacen, y puede pasar por alto", explica.

Ibarz sostiene que estas medidas no se toman sin el consentimiento de la fiscalía. Nunca. "No se me ocurriría hacerlo sin preguntarles a ellos", dice. "Puede ser que en un caso haya un fallo, pero no es lo normal". ¿Y qué opina de que otro juez haya protegido a la otra menor de la misma familia, en contra de lo que él decidió? "No sé qué pueden haber considerado, pero pueden haber cambiado las circunstancias".

Pionera en prevención

Girona es pionera en la prevención de la mutilación genital femenina. Casi la mitad de las gambianas que viven en España reside en esta provincia (el 46%, según el INE). La ablación es una tradición milenaria basada en la extirpación de la totalidad o parte de los órganos genitales externos de la mujer que se practica en 40 países.

El protocolo gerundense, que se redactó en 2002, involucra a la escuela, a los centros de salud y a los servicios sociales para detectar las familias que puedan ser de riesgo. Se basa en la información y en la educación. Se hace seguimiento de las familias inmigrantes. Se les explica que el ritual es malo para la mujer, que deja secuelas físicas y psicológicas, y que en España es un delito de violencia de género. Cuando una de estas familias tiene intención de viajar al país de origen y alguno de los agentes sociales se entera, lo pone en conocimiento de la policía. Los Mossos informan al fiscal y éste pide al juez medidas de protección. Se puede prohibir el viaje de la menor, o acordarse que los padres presenten a la niña periódicamente ante el juez y ante el médico forense.

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