El juez prohíbe al imán de Cunit acercarse a la mediadora acosada La orden de alejamiento protege a Fatima Ghailan y sus hijos de los cuatro imputados - La alcaldesa no podrá recibir a los islamistas en el Ayuntamiento

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Y esto está ocurriendo en España, no hablamos de Marruecos, no hablamos de Irán ni de ningún gobierno extremista musulman.

FERRAN BALSELLS - Tarragona - 09/02/2010

Prohibido acercarse a ella y a sus hijos. El Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha decretado una orden de alejamiento para los cuatro miembros de la comunidad islámica acusados de amenazar y coaccionar a Fatima Ghailan, musulmana moderada de 31 años y origen marroquí. Los cuatro imputados montaron presuntamente una campaña de acoso para que Ghailan fuera despedida de su trabajo como mediadora cultural en el Ayuntamiento de Cunit, durante la que le recriminaron no llevar velo o relacionarse con españoles no musulmanes.

La medida cautelar se dicta después de que Ghailan lamentara en una entrevista en EL PAÍS su situación de indefensión acrecentada, según su parecer, por la pasividad con que la alcaldesa del municipio y senadora por Tarragona, la socialista Judit Alberich, ha gestionado el caso.

La decisión judicial se adoptó a instancias de la Fiscalía, que actuó de oficio tras verificar que la seguridad de Ghailan no estaba garantizada, señalan fuentes judiciales. La medida de protección incluye también a los dos hijos de la supuesta víctima, ambos menores de edad, que también han sufrido episodios de marginación en la escuela por motivos religiosos, como ser objeto de burlas por desayunar durante la celebración del Ramadán. El fiscal solicita penas de cárcel de entre cinco a dos años para los imputados, acusados de amenaza, coacción y calumnias. El juicio se celebrará, previsiblemente, en 2011.

Se trata de la segunda orden de alejamiento de los acusados respecto a Ghailan. La primera, que no incluía a los hijos de la mujer, se decretó en diciembre de 2008 y expiró en mayo del año pasado sin que fuera renovada. La ausencia de incidencias hizo suponer al juez que no había peligro para Ghailan, aunque la mujer asegura que los imputados rompieron al menos una vez la orden de alejamiento al reunirse con la alcaldesa en el despacho de ésta, situado a unos pocos metros del de Ghailan.

El magistrado prohíbe ahora a Alberich recibir a los cuatro imputados en el Ayuntamiento. Si ella o cualquier otro cargo y trabajador quiere reunirse con los acusados, deberá hacerlo sólo por razones "justificables" y siempre fuera del edificio en el que trabaja la víctima.

La orden se restituye después de que el supuesto caso de acoso abriera un nuevo foco de conflicto entre Ghailan y la alcaldesa. La primera declaró a este diario que el acoso por aparentes razones religiosas (tal y como recoge la instrucción judicial) debe interpretarse además en una suerte de caciquismo a la musulmana: la presión de los imputados busca mantener su liderazgo en la comunidad marroquí en Cunit ante la competencia de una compatriota empleada en el Ayuntamiento. Por tratarse de un conflicto de intereses, asegura Ghailan, la alcaldesa optó por desentenderse del asunto. Alberich sostiene que sólo medió entre ambos bandos después de que se cruzaran denuncias. Los imputados acusaron a Ghailan por injurias, denuncia desmentida por las declaraciones judiciales.

El PSC, por su parte, dio carpetazo al asunto tras un acto organizado la semana pasada para arropar a Alberich. Allí, los dirigentes provinciales del partido apoyaron y aplaudieron la gestión de la alcaldesa en el conflicto. Nadie del PSC ha hecho lo propio con Ghailan, lamentan fuentes próximas a la mujer.

16 meses de tensión

- Recogida de firmas. El 27 de noviembre de 2008 uno de los imputados entrega a la alcaldesa de Cunit una carta con 90 firmas pidiendo el despido de Fatima Ghailan.

- Ghailan denuncia el 19 de diciembre el intento de agresión sufrido de miembros de la comunidad islámica. Éstos la acusan de injurias.

- La alcaldesa agradece el 22 de diciembre en una carta a la recogida de firmas.

- El juez concluye en noviembre de 2009 la instrucción tras tomar declaración a los imputados y la alcaldesa.

La fiscalía pide entre dos y cinco años para los cuatro acusados.

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