Redes de mujeres de: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia crean observatorios para seguir las sentencias y tratamiento de estas en los medios de comuniccaión.

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Una brillante idea que ha sido preentada en Ecuador poe CEPAM, y a la que en breve esperamos incorporanos de modo formal, facilitando así el estudio mutuo y colaboración internacional.


Para vigilar el ejercicio del cumplimiento de los derechos de las mujeres, varias organizaciones presentaron, en Guayaquil,  los observatorios de sentencias judiciales y de medios enfocados al género femenino.

Esta propuesta, impulsada por la  Corporación Humanas y el  Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), tiene como  misión hacer seguimiento al trabajo que realizan los operadores de justicia en el país y a las noticias que dan los medios de comunicación sobre  el colectivo.

Esa gestión se desarrolla, explica Sonia Crespo, coordinadora de los observatorios,  por medio de un portal electrónico que se actualiza cada 15 días.

En el espacio dedicado a las sentencias judiciales, continúa Crespo, se colocan las resoluciones referentes a delitos sexuales en  contra de las mujeres. “Luego hacemos un análisis. Actualmente elaboramos el primer documento”, aclara.

Un trabajo similar es el que se realiza en lo referente a los medios. Noticias y reportajes de medios escritos son mostrados en el portal y luego son revisados por las activistas, quienes luego emiten un boletín.

Pero el trabajo no solo se limita eso, añade Paulina Palacios, asesora de Humanas.  Ella señala que están en proceso de acercamiento con abogados, fiscales y jueces para que conozcan dicha herramienta. “Tiene un aspecto didáctico porque  ellos pueden conocer los instrumentos legales que emplean los distintos operadores de la justicia”, dice.

En el portal se muestran las sentencias judiciales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú
Otro de los aspectos importantes que resalta Palacios es que  las informaciones no corresponden únicamente al sistema legal del país. Además, se muestran las sentencias judiciales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú. “Como el portal es parte de una red, nos permite hacer una relación de la forma en la que se manejan los casos de las mujeres a nivel internacional”,  especifica.

Palacios resalta que también aquello ayudará a difundir las normativas internacionales sobre las mujeres, pues en países como Ecuador se usan poco por parte de los operadores de la justicia.

Dichos criterios coinciden con los de María Leonor Jiménez, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Guayas (CSJ).

 Jiménez expresa que muchos jueces solo se manejan con  las leyes que tienen en sus escritorios o a su alcance y no ven más allá.

“En la medida en que los servidores públicos, abogados en ejercicio y movimientos de mujeres indiquen qué artículos aplicar, el juez se va a ver obligado a revisar esa ley y a aplicarla”, opina.

La funcionaria identifica que actualmente existe un sesgo de género en las resoluciones que hacen los jueces. 

Por esa razón, muchas mujeres no hacen seguimientos a los casos y terminan abandonándolos por diferentes razones, entre ellas, las trabas judiciales.

Según las estadísticas del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif), de la Policía Nacional,  de cada 80 casos ingresados diariamente en sus despachos  solo 30 son solucionados.

El mismo organismo señala que en la provincia, de los 13.280 casos investigados en 2009, 7.747 fueron por abuso físico. La siguiente categoría la ocupa la agresión psicológica, con 5.465.

Y en  Guayaquil, tres de cada cinco  familias sufren con frecuencia   violencia intrafamiliar.  

Jiménez indica que, en cierta medida, la acción impulsada por el movimiento de mujeres permitirá poner en apuros a los operadores de justicia, ya que el observar su trabajo y analizarlo es una forma de motivarlos. “Esta es una especie de veeduría que en otros países ha dado resultados”, sostiene. Lo principal, dice, es que los jueces apliquen los documentos internacionales que protegen a las mujeres.

Por su parte, Cecilia Endara, miembro del Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres (Cecim), manifiesta que lo positivo de ese espacio es que se va a poder divulgar la conducta de los jueces que, para ella, es muchas veces buena, pero en otras ocasiones, mala. “Ahora van a tener más cuidado cuando vayan a pronunciar sus fallos”, advierte.

También  Endara comenta que la medida significará una motivación para quienes actúen bien, aunque los que no lo hagan así serán  evaluados de forma negativa cuando no cumplan con las leyes.

Sin embargo, Endara recomienda en el Observatorio de Sentencias Judiciales sobre Derechos Humanos de las  Mujeres que no solo se publiquen los fallos de última instancia de la Corte Nacional, sino también los de otros organismos. “Me refiero a los que se quedan con los jueces provinciales porque tienen una sola instancia”, sugiere.

Ella añade que lo mismo tiene que hacerse con los fallos que se refieren al tema de la niñez que no llegan a la Corte Nacional.

Redacción Diversidad
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