Maltrato a los mayores. Denuncia.

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Ante la sospecha de maltrato las indicaciones se ciñen a la actuación ante un delito, sin especificar las condiciones específicas que atañen al anciano maltratado y más, si este es incapacitado.

La "Ley de atención y protección a las personas mayores" del Parlamento andaluz, de julio de 1999 , establece disposiciones relativas a diferentes niveles asistenciales, recursos, y derechos que asisten a los ancianos. El artículo 44 se refiere a las situaciones de maltrato, y ocupa dos párrafos, con un total de ocho líneas, de las diez páginas que completan la redacción del documento. También establece un plazo de un alío, para que se regiamente dicha ley, a través de la aprobación del llamado Plan de actuación integral para las personas mayores.


No obstante esta ley, que en mi opinión constituye el núcleo de un trabajo dirigido al bienestar del anciano, especifica algunos aspectos importantes, como la extensión de la responsabilidad de denunciar un maltrato detectado no solo a los familiares, si no al personal sanitario, a los vecinos, amigos, y otros miembros del entorno del viejo, la obligatoriedad de poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Fiscal, y la requerida autorización judicial para el ingreso en centros residenciales, de ancianos presunta o declaradamente incapaces de dar su consentimiento para el mismo. Esta ley es para leerla con lupa.

Y ante la falta de legislación metodológica, habrá que actuar con una mezcla de lógica, cordura, sensibilidad, y bien hacer, sin descartar las pocas indicaciones con que contarnos.

Ante la sospecha o evidencia, de que tenemos delante un anciano maltratado, se impone la emisión de un parte de lesiones, con la pautada copia al Fiscal. 

Este documento debe ser siempre emitido, independientemente de que después se produzca una denuncia por parte del anciano, o de algún familiar. 

Ahora bien, recordar que si no lo denunciamos, seremos cómplices del maltrato si este se produce, y al menos en Andalucia, esto es sancionable por la ley.


De aquí en adelante, la actuación debe considerar si nos encontramos delante de una sospecha de maltrato, o ante un flagrante delito del tipo que sea.

En ningún caso, estas sugerencias son dogmas, sino todo lo contrario, y como guías deben ser consideradas, recordando que cada caso de maltrato es uno, cada contexto es uno, y nuestra actuación debe ser consecuente con las necesidades del anciano en concreto, y no al revés, quiero decir, adaptar las circunstancias del anciano a nuestros "esquemas".

Una vez emitido el parte de lesiones, debemos establecer contacto con el Trabajador Social, con el fin de poner en marcha la correspondiente investigación, personal, sobre el terreno, y en contacto con el resto de los recursos sociales de la comunidad.

Si la investigación no confirma la sospecha de maltrato, se debe realizar un seguimiento sistemático del paciente, utilizando los recursos disponibles.
Si por otra parte, la investigación confirma la presencia de maltrato, debemos distinguir si el anciano está mentalmente capacitado o no. Esto es necesario toda vez que si es capaz, debemos consultar con él, y ponerlo en conocimiento (o persuadirlo al respecto), de la situación que atraviesa, y de los pasos que vamos a seguir. Su consentimiento debe ser explicito para que el mismo establezca una denuncia.

Ahora bien, en el caso en que la víctima se niegue a seguir con el proceso, este hecho debe ser reiterado ante el Ministerio Fiscal, y establecer a la vez, los mecanismos para continuar con un estrecho seguimiento del caso. Si la vida del maltratado pudiera estar en peligro, la actuación urgente se impone, y para ello, y el resto de los casos, debemos recordar que la Fiscalía dispone de recursos policiales y de investigación eficaces, y que pocas veces utilizamos.
Si la sospecha se confirma, y el anciano está incapacitado, deben ponerse en marcha los mecanismos de protección del mismo.

Todo esto es muy debatido, y quizá es aquí donde más en falta echamos la existencia del marco legal a que hacíamos referencia. Habría que conocer si el anciano maltratado está o no legalmente incapacitado, y quién posee su tutela. También se somete a debate quién debe aceptarla en caso de que se le retire la misma al perpetrador, o el cuidador habitual sea el mismo que maltrata, y no exista otro familiar dispuesto a hacerse cargo de la protección del anciano. Esta responsabilidad debe establecerse, así como la agilidad en la tramitación de estos expedientes, que podrían hacer volver a un medio agresivo, a un anciano maltratado.

En cualquier caso, y en ocasiones muy a pesar de los gerentes y gestores de salud, nosotros debemos hacer uso de los recursos de que disponemos, y que siempre, van a estar siendo bien utilizados, si de un maltrato se trata. No creo que debamos dudar en el ingreso hospitalario, en una unidad de larga estancia, o tramitar un expediente urgente de ingreso en residencia para un anciano ingresado, con lesiones o no, porque no tenga una neumonía o no esté deshidratado. Esto puede contravenir en cierta medida, el concepto de niveles asistenciales, de utilización de recursos, y de todo lo que alguien quiera, pero lo principal es salvar a la víctima de su medio, y hay que usar, lo que sea, y de lo que se disponga para rescatarla.

Si la tutela y la custodia del incapacitado pasaran a otro familiar, también debemos establecer los mecanismos correspondientes de seguimiento. En la situación de que tengamos delante un caso de amtrato evidente, nuestra conducta debe dirigirse en primer lugar, a la protección del anciano.
Si el anciano procede o no a establecer una denuncia es un tema, pero sí debemos hacerlo nosobros ante el Ministerio Fiscal, que ya pondrá en marcha las actuaciones pertinentes. Pero como nuestro interés va más allá de sancionar al culpable, debemos poner en marcha la correspondiente investigación social, y rescatar al aniano utilizando todos los recursos de que disponemos, y que dispone la comunidad, esté el anciano incapacitado o no.

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