Galicia será la primera comunidad en regular por ley el acoso escolar
















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Educación presenta un proyecto de ley que convierte al profesor en autoridad pública con presunción de veracidad.

Se considera incluso el vacío social, y será conducta grave, con sanciones que llegan hasta el cambio de centro.

Galicia será la primera comunidad que regule el acoso escolar entre alumnos, y lo hará en la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa. Ayer se presentó el anteproyecto de esta norma en la que también se convierte al profesor en autoridad pública, como hicieron ya comunidades como la madrileña. Como acoso escolar se define en el texto cualquier forma de vejación verbal, física, psicológica e incluso el aislamiento o vacío social que un alumno o un grupo hacen a otro, sea cual sea el lugar en el que se produzca. También se incluyen las conductas a través de medios electrónicos o telemáticos, como Internet, móviles o redes sociales. El acoso escolar será falta grave de convivencia y los estudiantes implicados podrán ser sancionados con medidas que van desde la realización de tareas, la suspensión de las actividades extraescolares, la expulsión del centro durante un máximo de un mes, hasta llegar al cambio de instituto. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y el secretario xeral de la consellería, Jesús Oitavén, presentaron el borrador de una ley en la que se agiliza el régimen sancionador a los alumnos hasta el punto de que conductas graves, que en estos momentos tardan en resolverse más de dos meses, se dirimirán en un máximo de 22 días cuando entre en vigor. Una de las novedades de la ley es que los profesores y equipos directivos podrán aplicar medidas disciplinarias aunque las conductas del alumno se realicen fuera del recinto escolar, siempre que estén relacionadas con la vida escolar o afecten a otros miembros de la comunidad -por ejemplo, una pelea entre compañeros-, o bien cuando se usen medios telemáticos o tecnológicos. El acoso escolar centra uno de los capítulos del anteproyecto, dirigido a centros públicos y concertados, y en él se insiste sobre todo en la protección de las víctimas. Si se trata de una situación grave, la Administración puede recurrir a mediadores externos al colegio o instituto. Pese a ser la primera autonomía en regular las sanciones por ley, Jesús Vázquez recordó que el nivel de conflictividad en Galicia es bajo, y los casos de acoso, aislados. En este sentido, la coordinadora gallega de gais y lesbianas ha solicitado una reunión de trabajo para incluir medidas específicas sobre el bullying y acoso homofóbico, ya que tres de cada cinco jóvenes homosexuales sufrieron estas conductas el último curso. Para establecer la sanción se tendrán en cuenta agravantes o atenuantes como el reconocimiento de la conducta, la existencia de intencionalidad, la difusión de la ofensa por medios electrónicos o de otro tipo, o el especial carácter vulnerable de la víctima, por ejemplo por el hecho de ser nuevo. En cuanto a la nueva consideración del profesorado como autoridad pública, implica que en el ejercicio de sus funciones los hechos que ellos hayan constatado y plasmado por escrito tendrán la presunción de veracidad, tal y como se recoge en el ordenamiento jurídico. La agresión a un docente en el ejercicio de su profesión implica por lo tanto penas más severas.

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