Lorente niega los recortes en la protección de las mujeres



El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, aseguró ayer que la teleasistencia no es una medida de protección para las víctimas y opinó que ante situaciones de riesgo debería plantearse el uso de las pulseras que permiten la localización del agresor. Lorente hizo esta aclaración tras la polémica generada en torno al asesinato de la última víctima de violencia machista, en Málaga, que había solicitado el pasado mes de julio teleasistencia móvil a la comisión encargada de valorar su uso, integrada por miembros del antiguo Ministerio de Igualdad y la FEMP.

“La pulsera va destinada a la protección de las mujeres, mientras que la teleasistencia va dirigida a asistir el proceso de recuperación y de tratamiento psicológico y social que reciben las mujeres tras la denuncia”, explicó Lorente. Por ello, estima necesario “desvincular completamente esa insinuación que se ha lanzado, intentando vincular el homicidio” con la existencia o no de un “sistema destinado a la recuperación de las mujeres”, porque opina que solo “alimenta” las intenciones de los maltratadores.

Respecto al caso concreto de Málaga, el delegado del Gobierno detalló que la comisión encargada de valorar la necesidad de teleasistencia recibió la solicitud de la mujer malagueña y decidió no tramitarla, “en ningún caso se denegó”, porque no se ajustaba “al formato necesario para poder tomar una decisión, faltaba información”.

La directora del Área de Igualdad del Ayuntamiento malagueño, Gemma del Corral, niega este extremo y para justificar que la solicitud sí que fue denegada por un “defecto de forma” y no por falta de información llegó a mostrar la comunicación de la empresa encargada de prestar la teleasistencia móvil (Eulen) en la que no se le concede este recurso a Susana G.A.: “a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa –cumplimiento imprescindible para poder solicitar el servicio a las víctimas de la violencia de género–, la solicitud ha sido denegada”.

Según explicó Corral, los técnicos municipales consideraron que el caso de la última víctima tenía que tramitarse de forma “urgente”, por lo que, del Corral asegura que en tres días se tramitó, se envió la solicitud y se envió “el expediente absolutamente completo”.

Ante estas declaraciones, Lorente respondió tachando al ayuntamiento de Málaga de “manipular” y negó que se restringieran las altas al servicio de teleasistencia. El delegado del Gobierno concretó que en el mes de junio de 2010, cuando se solicitó la teleasistencia para esta mujer, la provincia contaba con un total de 246 usuarias y en toda España se activaron 344 altas. En julio fueron 146 y en agosto, 341, según el delegado del Gobierno.

En cuanto a la circular que difundió la responsable del Área de Igualdad malagueña, Lorente explicó que se ha hecho “una interpretación errónea” porque el objetivo de la notificación era advertir de que los dispositivos de teleasistencia serían, a partir de ese momento, solo para víctimas de violencia machista. Así, explicó que al pasar a su departamento este sistema –antes del imserso–, tuvieron que recuperar los aparatos sin uso y evaluar los casos pendientes. De ahí que el documento diga que las altas no serían “efectivas automáticamente”, ha apuntado Lorente.

TODAS LAS HERRAMIENTAS

Por su parte, las Mujeres Juristas Themis y la Fundación Mujeres pidieron ayer al Ministerio de Sanidad que revise de forma “urgente” los sistemas de protección a las mujeres maltratadas. “Debería revisarse seria y urgentemente cuáles son estos fallos y poner los medios adecuados. Son recursos de muy reciente implantación y todo lo que se hace sin ensayo previo a su utilidad , requiere una revisión para ver cómo funciona y si realmente se están cumpliendo las expectativas”, ha advertido Cerrillos, que considera que este último caso es “una señal más de alarma”. Desde la Fundación Mujeres, su presidenta, Yolanda Besteiro, apuntó también a un análisis “urgente” de los recursos, no solo los que pone el Ministerio, sino también los que otorgan los jueces. “Lo ideal sería que se establecieran los mecasnismos de coordinación precisos sobre las herramientas que concede la ley para evitar más muertes”, aseveró.









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