Italia aprueba que las denuncias por violencia machista sean irrevocables

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  • La policía podrá echar de casa a la pareja violenta si hay riesgo para la integridad de la mujer.
  • Se introducen agravantes al delito.
  • Habrá un permiso especial de residencia para las víctimas extranjeras.
     
Lucia Magi Roma 8 AGO 2013 - 19:39 CET

El Ejecutivo italiano ha aprobado hoy una serie de medidas para la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El decreto –que consta de 12 artículos—contempla el aumento de un tercio en las penas para este tipo de delitos si estos se cometen en presencia de un menor de edad, si la víctima está embarazada o si el agresor es su cónyuge, pareja o expareja. También instaura el derecho a la asistencia gratuita para las afectadas, independientemente de su nivel de renta, en estos procedimientos. Además, las denuncias que presenten las víctimas de la violencia machista serán irrevocables. Una medida, que según la ministra de Justicia Anna Maria Cancellieri, busca evitar que las mujeres se retiren del proceso judicial por miedo o por las presiones o amenazas del denunciado. En Italia, en 2010, se contabilizaron 105.000 delitos de violencia contra las mujeres. En ese país, ellas presentan cada día unas 95 denuncias por amenazas, 64 por lesiones y 10 por violencia sexual, según cifras de las organizaciones de mujeres (no existen estadísticas oficiales).

La nueva normativa –que va más allá de la ley integral contra la violencia de género española, que se limita fundamentalmente a la violencia cometida por las parejas o exparejas-- incluye además una figura nueva: el "arresto in fraganti”, que implica que si un hombre es detectado cometiendo una agresión puede ser expulsado de su domicilio, y si se aprecia riesgo, puede ser detenido y enviado directamente a prisión. Algo que, en la práctica sin embargo, es poco viable según los expertos, que indican que en un país con cárceles tan súper pobladas es improbable que el juez confirme esa detención si el agresor no tiene antecedentes por el mismo delito. El decreto, que entra en vigor hoy pero que debe ser ratificado aún por el Parlamento, marca también que los procesos de violencia machista tendrán preferencia en los tribunales. Además, las extranjeras víctimas de violencia machista podrán tener un permiso de residencia por motivos humanitarios, según explicó Angelino Alfano, viceprimer ministro del Ejecutivo y titular de Interior.

"Habíamos prometido una intervención dura contra todo lo que se incluye dentro de la violencia de género y hemos mantenido nuestra palabra”, ha declarado hoy el primer ministro, el social demócrata Enrico Letta. “Era necesario que nuestro país lanzara una señal fuerte de oposición sin cuartel hoy no solo hemos enviado esa señal, sino que marcamos un radical cambio sobre el tema”, ha insistido.

Los expertos, que llevan años trabajando sobre el terreno, son mucho menos optimistas a la hora de hablar de la nueva normativa. "Esta iniciativa legislativa me recuerda a uno que pasa una capa de pintura brillante sobre un edificio que se cae a trozos", resume preocupada Nadia Summa, que dirige Demetra, un centro antiviolencia en Lugo, cerca de Bolonia, en el norte de Italia. Summa proporciona ejemplos concretos: "En teoría está bien que se pueda arrestar al violento ‘in fraganti’ o que no sea necesario que la mujer confirme la denuncia. Pero tenemos un personal muy poco formado y nada homogéneo en el país. El otro día por ejemplo, una mujer llamó la policía mientras el marido la amenazaba con un cuchillo, los agentes llegaron e intentaron terciar, minimizando la situación: 'Venga, señora, prepárele un plato de pasta e intenten hacer las paces', le dijeron. La misma actitud se registra en Urgencias. Los enfermeros no tienen un protocolo claro y único de actuación", comenta la experta. La directora de Demetra critica, además, la falta de medios. Afirma que con los 3.500 euros anuales que su organización recibe de la Administración apenas logran garantizar unos pocos servicios. “Conseguimos abrir cuatro horas por semana y tenemos la cola de entrevistas de apoyo, de asesoría legal y psicológica. No podemos hacer más".

Los medios para las mujeres que quieren escapar de la violencia de género tampoco son abundantes en Italia, denuncian. Apenas hay casas de acogida. La Unión Europea marca que los Estados miembro deberían garantizar una plaza por cada 10.000 habitantes. “En Italia deberíamos contar con 5.000 y tenemos apenas 500", afirma Summa.

Los expertos como ella alertan de que esa falta de red de protección perpetúa las situaciones de violencia, sobre todo de la violencia ejercida por las parejas o por las familias. “El año pasado siete de cada diez mujeres asesinadas había denunciado al hombre que finalmente acabó matándolas. Sin esa red de protección estructurada, concreta y cultural, el decreto es papel mojado”, zanja indignada Barbara Spinelli, abogada, autora del ensayo ‘Feminicidio’ y asesora de Naciones Unidas sobre temas de violencia en Italia. Alerta de que sin esa red, de nada servirá que las denuncias por violencia de género sean irrevocables. “Si una mujer no está preparada para emprender este camino, el peligro es el de dejarla dos veces sola: se puede exasperar la reacción violenta del hombre que se siente acorralado, y a ella no se le garantiza ningún instrumento de protección. Lo primero, es proporcionar a la víctima un lugar al que acudir".

En España no existe ningún mecanismo para que las denuncias presentadas por las víctimas de la violencia machista sean irrevocables como lo serán en Italia. De hecho, alrededor de 13 de las mujeres decide no seguir adelante con los procesos judiciales por malos tratos que han iniciado. Una cifra, además, que no deja de aumentar, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

El punto que ahora se inicia en Italia es, además, una vieja reclamación de los expertos españoles. En el sistema judicial español las mujeres pueden además de no seguir adelante con el proceso eludir declarar contra su pareja o expareja acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el conocido como la dispensa. Este exonera a "los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente [padres e hijos], su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial (...)" de prestar declaración contra él. Un artículo que los especialistas del Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se elimine para los casos de violencia de género.

Jueces, fiscales y algunas asociaciones de mujeres sostienen que esa opción es en realidad un mecanismo perverso porque se puede utilizar para presionar a la mujer con el objetivo de que no declare en el juicio.

Fuente: El País.

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