Poco que hacer frente a los violadores libres

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En Europa, a veces se hacen listas de individuos peligrosos. / Getty Images

  • El derecho penal apenas ofrece medidas de control para agresores no rehabilitados
  • ¿Se pueden conjugar la libertad y la vigilancia?

Jesús García 26 NOV 2013 - 21:27 CET

Son, con todas las de la ley, ciudadanos libres. Ya han pagado su deuda con la sociedad, pero los expedientes penitenciarios indican que algunos siguen siendo un peligro para todos. Pese a la amenaza, de ningún modo pueden volver a prisión si antes no delinquen. ¿Qué hacer, pues, con los agresores sexuales reincidentes que quedan, sin remedio, en libertad y que despiertan la alarma social y el terror de sus víctimas? La derogación parcial de la doctrina Parot convierte la respuesta en algo acuciante. Junto a miembros de ETA, a lo largo de estas semanas están abandonando las cárceles españolas algunos de los más peligrosos delincuentes sexuales de los últimos años.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está anticipando la excarcelación de una quincena de asesinos y violadores, según fuentes penitenciarias. Algunos no han mostrado signos de arrepentimiento, ni se han sometido a terapias para solucionar los trastornos que les llevaron a la celda. Para esos reos, ahora hombres libres, la cárcel no ha cumplido la función de reinserción que le otorga la Constitución.

Un caso llamativo es el de Manuel González González, conocido como El Loco del chándal. El pasado viernes, camuflado con gafas oscuras, gorro polar y abundante ropa, abandonó el penal de Brians (Barcelona). Ante su inminente liberación, uno de los psicólogos del centro elaboró un informe demoledor, en el que alertaba del “riesgo extremo” de que González volviera a cometer agresiones e, incluso, de que matara a alguien. A principios de los años noventa, El Loco del chándal atacó a 16 mujeres: las sorprendía por la espalda y, tras clavarles un cuchillo en las nalgas —esa era su forma de excitarse— se iba corriendo. Una de ellas, Carmen Díaz (31 años) murió desangrada.

¿Qué herramientas ofrece el derecho penal para abordar esas situaciones? Pocas o ninguna, coinciden los expertos, que discrepan, en cambio, a la hora de decidir si esas herramientas son suficientes o se deben adoptar otras para minimizar riesgos. “Ante una extinción de condena, las armas jurídicas son las que son. En estos momentos, poco se puede hacer. Cosa distinta es que, en el futuro, se aprueben modificaciones legislativas que lo permitan”. opina José Luis Castro, juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Castro añade que sería factible una “reflexión serena” para “establecer, en el futuro, criterios de actuación”.

González está siendo sometido a una vigilancia discreta pero constante. Los Mossos d’Esquadra le siguen a una distancia prudencial las 24 horas. Los primeros días, coinciden fuentes policiales, son clave. Los agentes quieren saber adónde va, cómo se comporta y qué hábitos y rutinas adquiere tras pasar más de 20 años entre rejas. Los informes psiquiátricos alertaron, además, de que está “resentido” con el sistema y que, en la calle, podría ser aún más agresivo.

Idéntica vigilancia “no invasiva” está llevando a cabo la Policía sobre Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor. Su salida de prisión ha conmocionado a Valladolid: el subdelegado del Gobierno en esa provincia, Antonio Martínez, admitió “cierta psicosis colectiva y social”, pero se mostró confiado en que el control policial ayude a calmar los ánimos. Hace unos días, la iglesia del pueblo de Honcalada —donde se le había situado— amaneció con carteles contra el agresor: “No queremos asesinos ni violadores ni familiares que les apoyen”. A la repulsa social se suma la consternación de las víctimas, que reviven sus pesadillas de antaño: algunas temen que el violador vuelva a buscarlas o ataque a algún familiar, especialmente a sus hijas. “Las mujeres nos llaman, están muy asustadas. Las hay que ya han vuelto a terapia con el psicólogo”, explica Tina Alarcón, presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavas). Alarcón aplaude la iniciativa que, la semana pasada, impulsó el tribunal que juzgó y condenó a El Loco del chándal. Las magistradas citaron a sus víctimas —ocho acudieron al encuentro— para explicarles las circunstancias del caso, admitir que González no estaba rehabilitado y ofrecerles medidas de protección.

A diferencia de las víctimas del terrorismo, agrupadas en asociaciones influyentes, las de violadores están solas. Su única satisfacción, conceden los expertos, es una condena y una indemnización que, en muchos casos, no llega a hacerse efectiva. Algunas entidades ya se han puesto en contacto con la fiscalía para que promueva su protección. En el encuentro, a las víctimas de González les preocupaban dos cosas: dónde iba a vivir y qué aspecto tiene actualmente su agresor. Las magistradas no pudieron atender esas demandas, pero trataron de tranquilizarlas. “Estos delincuentes, que no han mostrado ningún tipo de remordimiento y son agresivos y peligrosos, no pertenecen a ninguna organización o grupo que les pueda controlar. Actúan por sus propios impulsos. Para las víctimas, es un problema serio. Si nos ajustamos a la ley, estas personas han cumplido su castigo y deben salir libres... La solución no es fácil”, admite Alarcón.

Juristas y expertos en derecho penal y penitenciario admiten que las herramientas se limitan, básicamente, a la vigilancia policial no invasiva. A diferencia de lo que ocurre en otros países del ámbito europeo, así como en Estados Unidos, no existen “medidas de seguridad” ajenas a la condena impuesta, y ni siquiera la reforma penal de 2010 ha cambiado esa situación. “Los ciudadanos nos sentiríamos inseguros si las penas de prisión fueran indeterminadas”, explica Julián Ríos, profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad de Comillas. Ríos añade que, como “la psicología no es una ciencia exacta”, los “juicios sobre comportamientos de futuro no pueden predecir con total certeza una determinada conducta”.

Dada la preocupación que genera, el problema de los agresores sexuales se ha abordado desde ángulos muy distintos pero, por lo general, a golpe de escándalo. En 2007, la mal llamada castración química —un tratamiento que inhibe la libido— acaparó un debate que nació en Francia, tras una propuesta del expresidente Nicolás Sarkozy a raíz de un pederasta excarcelado. La propuesta cuajó en Cataluña. Y, aunque un comité de expertos rechazó que se impusiera de forma obligatoria como parte de la pena —por considerarla inconstitucional— el programa se ofreció en las cárceles catalanas. Al menos un reo se ha sometido a ella de forma voluntaria: Alejandro Martínez Singul, el segundo violador del Eixample, otro delincuente no rehabilitado que abandonó la prisión el pasado julio. Hoy, sigue siendo discretamente vigilado y está en contacto con los Mossos.

El gran cambio llegó en 2010. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una reforma del Código Penal que introducía la “libertad vigilada” para delincuentes sexuales y terroristas. Una vez cumplida la pena de prisión, el condenado debe someterse a unas “medidas de seguridad” durante un máximo de diez años y siempre que, dada su peligrosidad, un juez lo estime necesario. Esos mecanismos de control son variados: personarse en el juzgado, llevar dispositivos electrónicos que permitan la localización o prohibición de frecuentar determinados lugares. El proyecto de reforma de la ley penal elaborado por el ejecutivo de Mariano Rajoy prevé ampliar esa libertad vigilada de forma indefinida, o al menos hasta que un juez decida ponerle fin. El borrador del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, contemplaba una “custodia de seguridad” que permitiría ampliar hasta en diez años (más allá de la pena impuesta) la estancia en la cárcel de presos peligrosos. La medida ha sido finalmente desestimada por las dudas sobre su constitucionalidad, aunque algo similar funciona en países como Alemania, Dinamarca, Italia o Suiza.

La “libertad vigilada” aprobada en 2010 no puede aplicarse, sin embargo, a los violadores que estos días abandonan las cárceles o a los que han delinquido antes de esa fecha, juzgan los expertos. “Sobre hechos anteriores a la reforma, sigue sin haber mecanismos”, tercia la penalista Olga Tubau, que defiende la oportunidad de la vigilancia “no intrusiva” de las fuerzas de seguridad. “La policía, además de una función represora del delito, también tiene una función preventiva. Es legítimo vigilar a personas sobre las que se tiene un diagnóstico de peligrosidad para la sociedad”, dice la abogada, del despacho Tubau-Lajara-Echavarri.

El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García Ortiz, coincide en que es razonable que la policía “pueda tener cierto control” sobre personas que claramente no están rehabilitadas y suponen una amenaza. “De la misma manera que los agentes manejan información y siguen a los grupos skins, también pueden hacer esta labor, pero sin coartar la libertad de esa persona. La labor de seguridad se extiende a individuos sospechosos”. El portavoz asume que, sin medidas pospenitenciarias —“desaparecieron hace mucho de nuestro sistema”— es difícil dar con la tecla adecuada. “Para los que creemos en las segundas oportunidades y en la rehabilitación de las personas, es complejo”, señala.

Tubau, en línea con las tesis de expertos en psiquiatría forense, cree en cambio que hay “personas irrecuperables” que, por desgracia, “no van a poder adecuar nunca su comportamiento a una vida social en paz”. Aunque admite que la vida en sociedad comporta riesgos, y que el concepto de “control” puede “poner los pelos de punta”, Tubau asume que seguramente es necesario adoptar medidas de ese tipo. “Tienes identificado a alguien que puede ser peligroso. ¿Qué haces?” Ríos opta por hacerse otra pregunta: “¿Ha puesto el Estado los medios suficientes para tratar a estas personas?”

Los expertos apuntan que hay vías para conjugar el derecho fundamental a la libertad y la existencia de controles. “Es un tema polémico, pero creo que es necesario protegernos de estas personas con medidas de seguridad. No se trata de volverles a castigar, porque ya han pagado su deuda. Pero un Estado no puede permitirse imponer una pena y, luego, olvidarse”, explica Ricardo Robles, profesor de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y autor del estudio de 2007 Sexual Predators. Estrategias y límites del Derecho Penal de la peligrosidad.

Robles cree que, en los países avanzados, se están “imponiendo las medidas de control telemático”. En Canadá, por ejemplo, se utiliza el sistema GPS para mantener a los delincuentes sexuales bajo control. En España, esas medidas no se han valorado porque “pesa mucho en la conciencia colectiva” la ley de vagos y maleantes del franquismo, que “contemplaba acciones predelictuales”.

En algunos Estados norteamericanos impera una medida clásica: la comparecencia en el juzgado o, en su caso, la comunicación periódica con la policía para confirmar el lugar de domicilio. Si se olvidan de hacerlo, vuelven a prisión. También en Norteamérica, existe la castración química forzosa. Pero no siempre ha dado resultados. “No es solo una cuestión sexual, sino mental. Los reincidentes agredían a las mujeres con palos o botellas. Usan los genitales igual que el maltratador usa un cuchillo”, asegura Alarcón, quien recalca que las mujeres, a menudo, piden medidas más extremas. “En Europa, en ocasiones se hacen listas de residencias de individuos peligrosos con el consentimiento de la sociedad civil”. La presidenta de Cavas admite la ilegalidad de esa medida: “Una vez pintamos la casa de un acusado. Nos cayó un buen puro”, recuerda. En Reino Unido, el Gobierno ha aprobado una ley que permitirá a las mujeres conocer si sus parejas arrastran un historial violento.

El familiar de una víctima que acudió a la reunión sobre El Loco del chándal planteó otra posibilidad: internar, por la vía civil, al agresor en un psiquiátrico. Los expertos, sin embargo, dudan de que pueda aplicarse algo así. “El problema es que no son propiamente enfermos mentales para encerrarlos”, dice Alarcón. “La prueba de que no son incapaces es que han sido condenados a cumplir una pena”, tercia Robles. El profesor Ríos cree que, una vez acabada la condena, “no queda más remedio que para la prevención de delitos futuros se utilicen los medios que tiene el Estado: la policía, y la disuasión a través de la intimidación que supone la prisión en caso de cometer el delito”.

Un estudio sobre reincidencia elaborado por la Universidad de Barcelona (UB) con internos de Brians —el único hecho hasta la fecha en España— señala la importancia de los tratamientos psicológicos a la hora de evitar la reincidencia de los agresores sexuales. El estudio, elaborado en 2009, muestra que la tasa entre los presos que recibieron tratamiento es netamente inferior (4%) a los de los agresores sin tratamiento (18%). El informe concluye que la reincidencia en este tipo de delitos es “más baja” que en los robos, por ejemplo. Los problemas que genera, alerta el informe, “desbordan el ámbito penitenciario” y deben tratarse “desde una perspectiva médica y social”.

Los expertos reclaman, en ese sentido, más recursos y servicios sociales. Coincidiendo con la salida del violador del ascensor —que fue condenado a 270 años de prisión por la violación y asesinato de dos jóvenes y otras 18 agresiones sexuales— la Junta de Castilla y Leon modificó la ley que regula las ayudas sociales. Los asesinos y violadores condenados que, pese a haber cumplido pena de cárcel, no hayan abonado la indemnización a las víctimas, no podrán cobrar la renta garantizada de ciudadanía de la comunidad.

No hacer nada, opinan los juristas, puede ser contraproducente. “Si evitamos que haya impunidad, podremos huir de otros debates como la prisión permanente o la pena de muerte”, alega Tubau. “Si no adoptamos medidas que tranquilicen, puede ser que haya reacciones informales en la sociedad. Lo contrario es injusto para ellos y para nosotros. Y una segunda oportunidad puede salir muy cara”, advierte Robles.

Fuente: El País.

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