De estudiante de primaria a esclava

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Una empleada de la tienda en la que la ONG Focus Village vende productos hechos por víctimas del tráfico de personas. / PABLO LINDE

  • Así funciona el tráfico de personas en Tailandia, uno de los países que menos hace prevención de la trata en el mundo

Pablo Linde Bangkok / Pakse 25 MAR 2015 - 09:54 CET

Somchai regenta uno de los cientos de puestos callejeros de comida que hay en Samut Sakhon, una provincia limítrofe con Bangkok. En Tailandia, donde es frecuente que las viviendas carezcan de cocina, comer en uno de estos restaurantes al aire libre es un ritual diario muy extendido. Con lo que saca sirviendo platos que rondan los 40 bahts (alrededor de un euro), Somchai se pudo comprar a Khalan. Le salió barata. No lo sabe con certeza, pero ella cree que su precio fue de unos 3.500 baths (100 euros).

Khalan fue esclava de Somchai (ambos nombres son ficticios) y su familia durante 10 meses. La compraron en 2011, cuando ella tenía 13 años. Pasó más de 300 días sin poder salir de la residencia familiar, donde la obligaban a realizar todas las tareas domésticas. Como, al parecer, no las completaba a la velocidad que sus dueños exigían, la castigaban golpeándole prácticamente a diario con un palo. Los días que era demasiado lenta o no hacía las cosas al gusto de la familia, se quedaba sin comer. Y, realizara sus faenas bien o mal, rápida o lentamente, su salario siempre era el mismo: ninguno.

Cualquiera con 100 euros en el bolsillo, un plato de comida extra (no todos los días) y la suficiente escasez de escrúpulos puede comprarse a una esclava doméstica en Tailandia. O un pescador al que explotar durante 19 horas al día. O una mujer (o niña) a la que prostituir en un local de alterne. O un trabajador para una cadena de montaje. O un obrero de la construcción. Decenas de miles de personas trabajan en este régimen en el país, según las cifras más conservadoras. La trata en el Mekong (una subregión que comprende a Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam y la provincia china de Yunnan) es una maquinaria engrasada con la miseria de sus habitantes y alimentada por una ingenuidad que lleva a las víctimas a confiar en quienes les ofrecen una vida mejor, a menudo en el vecino rico de la zona, Tailandia, que es tanto destino como zona de paso hacia Malasia y Singapur.

El mecanismo es tan repetido como rudimentario. Un intermediario local, a menudo conocido por las víctimas, les habla de un trabajo legal, honrado y con una remuneración suficiente para vivir en el destino y mandar remesas de dinero a su familia. Los introducen ilegalmente en el país y los venden a empresarios o particulares por un importe que oscila entre los 100 y los 500 euros. El intermediario, por lo general, es solo una parte de un engranaje mayor, un comisionista que conecta a las víctimas con las mafias que comercian con ellos.

Fue, exactamente, lo que le sucedió a Khalan. A ella y a sus padres, unos agricultores de Savannakhet, una provincia rural de Laos a orillas del río Mekong, que durante parte de su curso sirve de frontera con Tailandia. “Tras acabar la enseñanza primaria, quería ir al instituto, pero estaba muy lejos de casa y yo no tenía bicicleta, así que cuando terminé el colegio tuve que dejar los estudios y ponerme a trabajar en la cosecha de arroz con mis padres. Pero hay épocas del año en las que no hay trabajo, porque ni se siembra ni se recoge. En una de ellas, un conocido de la familia les contó a mis padres que podía conseguirme un trabajo de camarera en un restaurante de Bangkok. Les pareció buena idea y me fui de casa”, cuenta con voz tenue, pero un relato fluido con el que responde con detalles a cada pregunta que se le formula. No es frecuente. Como ella misma reconoce, a las víctimas de trata no suele gustarles ahondar mucho en sus experiencias. Sus compañeras del albergue para jóvenes traficadas de Pakse (Laos) casi no se atreven a mirar a la cara de los visitantes occidentales, se limitan a sonreír y agachar tímidamente la cabeza.

En el refugio, gestionado por la ONG Village Focus Internacional con fondos de Anesvad —que también sufragó el viaje que hizo posible este reportaje— conviven una docena chicas, todas menores de edad excepto una. Allí aprenden habilidades que les permitan encontrar un trabajo en el futuro: peluquería, costura, cocina, artesanía… Para entender por qué no hay rastro de otras como informática, idiomas o contabilidad es necesario algo de contexto. Laos es un país con un régimen comunista con poca influencia del exterior, tremendamente pobre (el 135º en PIB per capita en la lista del FMI), en el que muchas casas no gozan de agua corriente ni luz. Este atraso se nota nada más aterrizar en el aeropuerto internacional de Pakse, donde los funcionarios apuntan el nombre del visitante extranjero en una libreta cuando muestra su pasaporte en la aduana.

A unos 70 kilómetros al sur del aeródromo y del refugio, esta misma organización cuenta con otro centro, una especie de granja-escuela que tiene como objetivo la prevención del tráfico de personas. Más allá de suministrar información sobre los siniestros comisionistas y sus intenciones a los lugareños, uno de los métodos que utilizan es facilitarles las herramientas necesarias para optimizar su tierra, que cultivan con técnicas que recuerdan al control de aduanas del aeropuerto en su versión agroganadera. “Por un lado, tratamos de mejorar sus métodos para que le saquen más rendimiento a lo que hacen. Muchas personas ni siquiera tienen una valla con la que evitar que los animales se escapen. La tradición es dejarlos sueltos. También es muy frecuente que desperdicien frutas, como la de la pasión, porque no saben que de ellas pueden extraer valiosos zumos. Por otro lado, les enseñamos cómo aportar valor al producto y darle salida en los mercados. Un ejemplo son los plátanos. Vendían los más grandes, los demandados por la industria, pero no sabían qué hacer con los pequeños. Aquí estamos transformándolos en aperitivos fritos, algo que cuenta con demanda y que ni siquiera se les había ocurrido porque no están habituados al comercio”, explica Kongseng Piengpanya, coordinadora del programa de empoderamiento de mujeres y niños de Village Focus.

Su organización vende después los productos que fabrican en este centro rural y en el albergue de víctimas en una tienda para turistas que tienen en Pakse, en el bajo de un centro de recepción de emigrantes repatriados que es destino de muchos indocumentados que tratan de cruzar a Tailandia. Allí, además de un techo, Village Focus trata de aportarles claves para burlar las trampas de la trata. Piengpanya asegura que muchas de las personas a las que dan formación ni siquiera estaban familiarizadas con el dinero hasta hace poco más de una década: “Se limitaban al trueque. La idea con proyectos como el Green Center [que es como se llama esta especie de granja-escuela] es proporcionarles un medio digno de vida para que no se vean obligados a emigrar y caer en las redes de estas mafias”.

La emigración no tendría por qué ser un problema, desde el punto de vista de Lisa Rende Taylor, que a través de Anti Slavery Internacional está poniendo en marcha un novedoso problema para ayudar a las víctimas de la trata mediante transferencia directa de dinero. “Los jóvenes de los países de origen van a querer emigrar en cualquier caso porque ven en la televisión estilos de vida que les seducen, no necesariamente porque estén muriendo de hambre en su tierra. Lo que tenemos que asegurar es que lo hagan en condiciones seguras y que no se conviertan en víctimas de trata”, reclama. Según Catalina Echevarri, técnica de proyectos de desarrollo de Anesvad —organización que financia tanto las iniciativas para sacar más valor a los alimentos como las innovaciones de Taylor—, se trata de visiones complementarias: “Los proyectos para mejorar la vida en los países de origen pueden ser muy positivos para que quienes emigran no lo hagan con la presión de convertirse en el único sustento de su familia; la transferencia de dinero es una idea muy interesante para saber cuáles son las necesidades de las víctimas mediante una monitorización concienzuda de lo que hacen con él”.

Una de las principales trabas a la hora de dar soluciones al tráfico de personas es que las propias víctimas son reacias a reconocer que han sido tratadas. De cara a su comunidad, puede representar un estigma. Más allá de las secuelas psicológicas que acarrean (más de la mitad tiene problemas mentales tras ser liberadas, según el reciente estudio La salud de las personas traficadas: hallazgos de una encuesta entre hombres, mujeres y niños en servicios postráfico del Mekong), supone admitir un fracaso, con abusos sexuales y físicos de por medio en muchas ocasiones. Es una de las razones por las que la mayoría de la información que reciben aquellos potenciales migrantes (potenciales tratados) por parte de quienes han marchado es positiva. Escuchan historias de éxito: las de los que consiguen un trabajo y mejores condiciones de vida y la de quienes no lo hacen, pero mienten.

El otro motivo de peso para no admitir haber sido traficado es la burocracia. Cuando un trabajador indocumentado es sorprendido por las autoridades locales, el proceso de deportación dura apenas unos días, por lo general. Pero si denuncia a sus explotadores, comienza un proceso judicial que se alarga un mínimo de seis meses y que puede llegar fácilmente a dos años, según explica Jurgen Thomas, director de la Alliance Anti Trafic, que lleva casi una década trabajando sobre el terreno. Todo este tiempo lo pasan en centros de internamiento de inmigrantes, que son más parecidos a una cárcel que a un albergue. Es la espera necesaria hasta que se produzca el juicio en el que tendrán que testificar contra quienes los compraron y explotaron. Por eso, las denuncias por parte de las víctimas son casi inexistentes. La mayoría de los 225 condenados del país en el año 2013 por tráfico llegaron a los tribunales por investigaciones propiciadas por diversas ONG o por el Gobierno de Tailandia que, según el Departamento de Estado de EE UU, no hace lo suficiente para combatir esta lacra. En 2014 lo degradó al último peldaño en su clasificación internacional en este campo, a la altura de estados como Irán o Corea del Norte, al ser uno de los países donde más está extendida la esclavitud dentro de la región del mundo en la que esta práctica es más frecuente. La Organización Mundial del Trabajo estima que 18 millones de personas en todo el mundo son sometidas a trabajos forzados, de las cuales algo más de la mitad se encuentra en la región Asia-Pacífico.

Muchas de estas víctimas lo son por partida doble. Es el caso de Cham Nyein Thu, birmano de 20 años que fue engañado para trabajar en una obra en Bangkok. A las pocas semanas de comenzar, dejaron de pagarle. Unas semanas después fue arrestado en una redada policial contra la inmigración irregular y trasladado a un centro de detención donde lleva más de tres meses. Su historia la cuenta su esposa, Nwe Zin Aung, quien junto a él y una docena de compatriotas, llegó a Tailandia en noviembre de 2014 a través de una agencia de empleo teóricamente legal. Como a su marido y a los demás, al poco de comenzar en sus empleos dejaron de pagarles. “Para venir tuvimos que pagar unos gastos de gestión de más de 600 euros a la agencia. Parte de ese dinero provendría del dinero que ganásemos aquí, pero no podíamos devolverlo si dejaban de pagarnos”, relata desde la sede de la Asociación de Trabajadores Birmanos en Tailandia, donde acudió cuando arrestaron a su marido. Si bien la limitación de libertad de estos trabajadores no fue tan clara como el de otras víctimas de la trata, la indefensión ante la que se encuentran, el miedo a que las autoridades locales les sorprendan sin la documentación en orden, provoca que la simple amenaza de impagar esa deuda pueda funcionar como celda de la misma forma que lo hacía el cuarto en el que vivía encerrada Khalan en casa de Somchai y su familia.

Ella habría seguido allí por mucho tiempo si no fuera por un vecino que presenció una de las palizas más brutales que sufrió la que hoy es una adolescente de 17 años y por entonces era apenas una niña de 13. “Casi no podía moverme. El vecino aprovechó que la familia se iba para entrar en la casa y llevarme a un templo donde un monje me escondió durante un par de días, hasta que me llevó al hospital”, relata. Después de eso, tuvo que pasar seis meses en un centro para menores esperando el juicio contra su amo. Y su historia no es de las peores, según Kongseng Piengpanya. “A otras chicas les amputan dedos, les queman con aceite hirviendo y, a menudo, reciben agresiones sexuales en sus casas, cosas que a Khalan no le sucedió porque tenía la suerte de vivir con toda una familia”, relata.

Somchai fue señalado en el juicio por Khalan, fue condenado y entró en la cárcel, de donde salió a los pocos meses. De los 225 encarcelados en 2013 en Tailandia, la mayoría recibió penas de prisión de entre uno y siete años, 29 de ellos de más de siete y 31 de menos de uno, según los últimos datos del Gobierno. Somchai habría pertenecido a este último grupo. Y eso que era reincidente; al menos tuvo otra esclava antes que Khalan. Hasta donde sabe Village Focus, hoy sigue vendiendo tallarines y sopas por menos de un euro en su restaurante callejero, atendiendo cada día a sus clientes y, quizás, con otra esclava en su casa por la módica cifra de 100 euros y un plato de comida (no todos los días).

FUENTE: El País.

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