Irán debate dos leyes que reducen a la mujer a “máquinas de hacer bebés”

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  • Amnistía Internacional denuncia el riesgo de retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las iraníes

Ángeles Espinosa Dubái 10 MAR 2015 - 16:26 CET


Amnistía Internacional denuncia el riesgo de retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán si se aprueban dos leyes que las reducen a “máquinas de hacer bebés”. De acuerdo con un informe que ha publicado este miércoles, los dos proyectos equivalen a desmantelar los programas de planificación familiar financiados por el Estado, que tan alabados han sido internacionalmente, y consagrar la discriminación de la mujer tanto en el acceso al empleo o la lucha contra la violencia machista. De hecho, ya se han introducido algunas medidas, como la supresión de las subvenciones a los anticonceptivos y de la gratuidad de las vasectomías, que alientan esa preocupación.

“Las leyes propuestas consolidarán prácticas discriminatorias y harán retroceder décadas los derechos de las mujeres y niñas de Irán”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional (AI). En su opinión, “las autoridades están fomentando una cultura peligrosa en la que las mujeres son despojadas de derechos fundamentales y consideradas máquinas de hacer bebés, en lugar de seres humanos con los derechos básicos a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida”.

En Procrearás: Ataques a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Irán, Amnistía alerta de las consecuencias del giro político respecto al control de la natalidad desencadenado por el deseo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, de duplicar la población. Su objetivo es alcanzar los 150 millones de habitantes para 2050, según se desprende de varios discursos que ha pronunciado sobre el asunto en los últimos años.

“El retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán se produce tras el sorprendente cambio en la política oficial sobre población que, desde su implantación en 1989, había ayudado a lograr un descenso continuado del índice de fertilidad en el país: de 7 nacimientos por mujer en 1980 a 5,5 en 1996 y 1,85 en 2014”, constata el informe.

Según el análisis de Amnistía, la aprobación del proyecto de ley para Incrementar los Índices de Fertilidad y Prevenir el Descenso de Población “declararía ilegal la esterilización voluntaria y prohibiría la provisión de información sobre métodos anticonceptivos”, dos de los pilares de los programas estatales de planificación familiar que han facilitado los indudables avances sociales de las iraníes y que han sido utilizados como modelo para otros países en desarrollo. Esa norma ya obtuvo el visto bueno del Parlamento el año pasado, pero fue vetada en una instancia superior y ahora se encuentra en proceso de revisión.

“Con la abolición de los programas de planificación familiar y el bloqueo del acceso a servicios vitales de salud sexual y reproductiva, las autoridades expondrán a las mujeres a riesgos graves para la salud y violarán sus derechos humanos”, advierte Sahraoui.

Amnistía señala que eso obliga a las mujeres a llevar a término embarazos no deseados o arriesgar su vida con abortos clandestinos. Estos son una de las principales causas de mortalidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2008 esas intervenciones sin garantías causaron la muerte a 47.000 mujeres y distintos grados de discapacidad a cinco millones.

El otro proyecto que preocupa es el Plan General de Población y Exaltación de la Familia que los diputados tienen previsto debatir el mes que viene. Según Amnistía, esa ley propone “medidas perjudiciales y discriminatorias dirigidas a fomentar el matrimonio a edad temprana, la maternidad repetida y unos índices de divorcio más bajos, a riesgo de atrapar a las mujeres en relaciones abusivas”. Para esa organización, tal como está redactado, permite la discriminación de las mujeres a la hora de solicitar empleo, especialmente si son solteras o no tienen hijos, dificulta el divorcio y disuade de la intervención policial y judicial en disputas familiares, incluidas las que implican violencia contra las mujeres.

Nada más conocerse ese Plan el año pasado, 650 activistas civiles y simples ciudadanos iraníes firmaron una declaración rechazándolo. Denunciaron que imponía restricciones indebidas a las oportunidades educativas y de trabajo de las mujeres, al priorizar en los contratos a los hombres sobre las mujeres, y a las mujeres casadas y con hijos sobre las solteras o sin descendencia. Amnistía se hace eco de aquellas críticas.

“Los proyectos de ley transmiten el mensaje de que las mujeres no sirven más que para ser amas de casa obedientes y hacer bebés (…) y contradicen la realidad de las mujeres iraníes que hasta hace poco constituían la mayoría de quienes obtenían una licenciatura universitaria y representaban el 17% de la mano de obra del país”, recuerda Sahraoui.

Incluso antes de que las normas se hayan convertido en ley, la voluntad política que subyace tras ellas ya ha empezado a surtir efecto. A raíz del discurso del líder supremo en 2012, el Parlamento revocó la Ley de Planificación Familiar, que era la base del exitoso programa de control de la natalidad. Desde entonces se han suprimido las subvenciones a los anticonceptivos y de gratuidad de las vasectomías, sin que la llegada al Gobierno de Hasan Rohaní en 2013 haya supuesto un cambio en ese sentido.

Amnistía cuestiona las declaraciones de las autoridades de que en Irán hombres y mujeres reciben el mismo trato. La organización asegura que “la violencia sexual y la discriminación de la mujer son frecuentes en Irán, donde se niega a las mujeres la igualdad de derechos respecto del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, las herencias, los viajes e incluso a la hora de decidir su indumentaria”.

“Las autoridades iraníes están recurriendo a la ley para tratar de frenar los avances de la mujer en el país”, concluye Sahraoui. Además de controlar su vestimenta, lo que estudian y dónde trabajan, “ahora se inmiscuyen en su vida privada tratando de controlar su cuerpo y de decirles cuántos hijos deben tener”. La responsable de Amnistía pide que se descarten los dos proyectos de ley y se restablezca la financiación de unos servicios de planificación familiar de calidad.
 
FUENTE: El País.
 
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